Una prueba del manejo deficiente, clientelista y politiquero de las instituciones de la República Venezolana con el gobierno socialista-comunista del comandante, es la falta de decisión para tomar medidas en caso de denuncias de irregularidades administrativas en los estamentos del Estado. De por sí las autoridades pertinentes tienen la obligación de tomar las providencias que corresponden para investigar, sancionar y poner punto final a quienes cometen actos de corrupción.
Es la única forma de volver a creer en las autoridades quienes en su mayoría, salvo excepciones, llegan al poder y en vez de servir al pueblo y promover el desarrollo, persiguen a prójimos y buscan su propio beneficio. Si la ciudadanía no se moviliza, no cierra rutas y a veces no toma medidas extremas, ninguna autoridad responsable asume el compromiso para dar curso legal a las peticiones incluso ajustadas a las leyes.
Es el caso de muchos gobernadores y Alcaldes de varias elecciones de estos 13 años de socialismo-comunismo, que terminado el periodo hoy a pesar de tener expedientes en la Fiscalía, muchos de ellos, son diputados en la Asamblea Nacional u en otros cargos de alta esfera gubernamental (ese es el premio a la corrupción administrativa) Gobernadores de estado y de Alcaldías como las de Vargas y Municipio Libertador es un ejemplo característico, exadministradores como los exgobernadores Diosdado Cabello, Didalco Bolívar, Acosta Carles, Blanco Lacruz, Alcaldes como Freddy Bernal, Juan Barreto y Di Martino entre tantos, quienes asumieron en su momento los cargos supuestamente con la esperanza de transparentar la cosa pública y dé participación ciudadana, pero todo fue lo contrario. No lo digo yo, hay expedientes y bien gordos engavetados en la Fiscalía.
Sin embargo, al terminar sus períodos los citados funcionarios, los nuevos gobernadores y alcaldes de la oposición, verificaron y encontraron muchas deficiencias, de mal uso del dinero y derroche a manos llenas, según las denuncias. Y no ha pasado nada, la Fiscalía engavetó las evidencias y ahora son Diputados, o simplemente personeros rojos-rojitos millonarios y dueños del poder porque son miembros de la mafia revolucionaria- Las nuevas autoridades pidieron en varias oportunidades la intervención de parte del Poder Ejecutivo y Judicial. Pero como es tiempo de los rojos-rojitos las peticiones fueron al frízer y como siempre ignoradas.
Mientras tanto la ciudadanía empezó a preocuparse y a movilizarse por el cinismo de las autoridades de turno que enarbolan la bandera de la honestidad, pero en la práctica demuestran lo contrario. El discurso de luchar y frenar la corrupción institucional es una mentira tan grande que socava la moral del pueblo venezolano, genera desconfianza y hasta desesperanza.
En esta transición hacia el llamado socialismo del siglo XXI tanto se ha robado y malversado, que la impunidad es la reina madre que está en su trono y sin viso de perder su estatus. Pero hay esperanza, hay un camino y es el del Progreso.
ZENAIR BRITO CABALLERO
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