El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Acnudh) en Caracas, cuyas actividades fueron suspendidas el pasado jueves por orden del Ejecutivo, se dedicaba al espionaje y a la conspiración.
“Esa oficina se desvió (…) se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela”, dijo el mandatario durante su programa semanal de televisión.
Aseguró que su Gobierno reportó a la ONU en, al menos, 10 ocasiones estas supuestas irregularidades, entre las que mencionó que los funcionarios de la Acnudh “se la pasaban ellos buscando” expedientes y “aplicando el colonialismo judicial”.
“Fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros quienes rompieron los términos, los principios del acuerdo firmado, violaron la letra y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas”, remarcó.
Además de suspender las actividades de esta oficina, establecida desde septiembre de 2019, el Gobierno venezolano señaló que hará una “revisión integral de los términos de cooperación” acordados con esta organización en los próximos 30 días y ordenó la expulsión de 13 funcionarios que operaban en Caracas.
“Todos se fueron del país el sábado afortunadamente y, hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverá al país. Esperemos que rectifiquen”, insistió este lunes el líder chavista.
La decisión de expulsar a estos funcionarios se produjo un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, asegurara que el Gobierno venezolano impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó el miércoles.
EL DETONANTE
El Jefe de Estado enfatizó que “la gota que colmó el vaso” fue la afirmación que hizo la oficina sobre el caso reciente, aunque evitó nombrar directamente a la persona a la que se refería.
“Ellos salieron a calificar a la fiscalía, al Poder Judicial y al país, rompiendo las reglas del documento firmado, fue esa oficina y algunos de sus voceros los que violaron la letra del acuerdo firmado”, complementó.
REACCIONES
Tarek William Saab, fiscal general de la República, señaló que, en su opinión, la oficina de la ONU se extralimitó en sus funciones al “preocuparse de forma muy extraña en expedientes vinculados a personas que tenían ya orden de aprehensión, que habían sido acusadas, incluso, condenadas, con casos que para nada tiene que ver con la defensa de los Derechos Humanos, sino casos de conspiración, asesinatos, y queriendo fungir como auditores”.
El Fiscal cuestionó “si una oficina de cooperación de DD HH tiene que estar auditando expedientes, o estar solicitando en lista expedientes que se encuentran en la dirección general que tienen que ver con temas sobre lucha contra la delincuencia organizada, corrupción y delitos comunes como asesinatos”.
Por su parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que el tiempo dado a los funcionarios de la ONU para que abandonaran el país, fue “una cortesía del gobierno de Venezuela”.
“La ONU debería estar preocupada por asuntos más graves y levantar sus banderas en rechazo al genocidio contra el pueblo palestino, no hacen nada, pero están preocupados por lo que ocurre en Venezuela”, sostuvo Cabello.
Además, durante la rueda de prensa semanal del partido político expresó que: “No nos imaginamos a la ONU tomando medidas porque nosotros echamos a unos injerencistas”.
