Luego de haberse impuesto la dedocracia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por parte de su máximo líder el presidente Hugo Chávez, quien bajo su único criterio y consideraciones decidió nombrar a sus más cercanos colaboradores como candidatos a gobernadores y gobernadoras de todos los estados del país, sin importar que la mayoría de ellos ni siquiera fuese oriundo de la entidad que le asignó, la interrogante que precedía a dichos nombramientos era cómo iban a hacer para poder votar por ellos mismos cuando lo hacían en otras regiones si ya había culminado el tiempo para realizar cambios dentro del Registro Electoral, pregunta a la cual el Concejo Nacional Electoral dio una "excepcional" respuesta en contra de las reglas del juego y los derechos de los ciudadanos.

Esta semana se conoció de la migración de dichos candidatos y a quienes definieron como integrantes de sus equipos de trabajo, a centros electorales de los estados donde el dedo del amo señaló que debían presentarse como la opción de la tolda roja, de manera lamentable vimos como la rectora principal del CNE, Socorro Hernandez, justificó lo injustificable ante la rigidez del cronograma electoral en torno al cierre de cada registro electoral seis meses antes de cada evento comicial, alegando que hicieron una excepción para garantizar el derecho de los candidatos del PSUV que fueron repartidos como fichas de ajedrez, asumiendo así la rectora que se flexibilizan las reglas ante las jugadas de última hora del Jefe de Estado así estén por encima de lo que establece la ley y el mínimo respeto que merece el electorado.

Es perfecto y correcto que cada organización política plantee sus estrategias electorales, pero eso no quiere decir que si estas contravienen las normas electorales, el árbitro deba prestarse a avalarlas, más bien deberían mantener su posición de respeto irrestricto a las normas y que cada partido asuma las consecuencias de sus decisiones si son descabelladas, como el de una exgobernadora de Delta Amacuro a última hora sea candidata en Monagas, o que un Ministro que el 7 de octubre sufragó en San Cristóbal haya sido nombrado candidato a la Gobernación de Aragua 48 horas antes de cerrar el lapso de postulaciones, tal es el caso de Tareck El Aissami, donde se observó claramente una medida desesperada para sustituir como candidato al actual gobernador Rafael Isea, quien resultó una gran estafa a la militancia roja que votó por él hace cuatro años y no estaba dispuesta a hacerlo de nuevo.

En la política debe asumirse con gallardía el costo de las decisiones que se toman, y en el Partido Socialista Unido de Venezuela debió prevalecer el coraje ante el miedo que el día de la elección regional pautada para el 16 de diciembre en el centro de votación donde le correspondía sufragar al candidato Tareck Al Aissami, los periodistas lo entrevistaran y le preguntaran cómo veía el desarrollo del proceso electoral en Aragua cuando se encontraba en su Estado Táchira, ubicado en los andes venezolanos en la frontera con Colombia mientras se medía para pretender gobernar un estado central a cientos de kilómetros de la jurisdicción donde le era natural y moral aspirar.

A pesar de enfrentarnos a tan "excepcional" acción del ente comicial, debemos reiterar que aunque excesos como esos causen indignación no son capaces de influir en el resultado de las elecciones y que situaciones como esta deben darnos más valor para salir a votar el 16 de diciembre y de esa manera cívica y democrática castigar las imposiciones de candidatos importados en las regiones que ni siquiera conocen su geografía, idiosincrasia y mucho menos sus necesidades y con ello también decir a quienes se atreven a avalar excepciones por encima del electorado que la voluntad de pueblo es sagrada y se manifestará por encima de todo.







Jorge Mirabal
Subsecretario Nacional del MAS
@mirabaljorge
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