Poder es deber

Poder es deber

|| Ramón Guillermo Aveledo

El poder no hace a quienes lo detentan propietarios de su pueblo. La lógica de este argumento es, si se quiere, elemental. La sociedad es anterior al Estado, que es la organización política creada para servir a lo que buscan las personas al vivir con las otras, el bien común. Así los gobernantes, legisladores y jueces, en cuanto responsables de órganos del poder público son servidores de la idea de bien común. Servidores de la gente, de los hombres y mujeres que forman su sociedad. En nuestro caso, de la ciudadanía de la república.

Una y mil veces lo repito en clase, mandatario no viene de mandar, sino de tener un mandato. El gobernante tiene el mandato de gobernar. El legislador, el mandato de representar, legislar y controlar. El juez, de administrar justicia. Y siga así con los mandatos de auditoría fiscal, administración de procesos electorales, persecución del delito, defensa de los derechos humanos. Todos ellos son mandatarios, porque obran por cuenta de otro. Distinto es el caso de esa institución importantísima de servicio a la Nación que es la Fuerza Armada. Esa no tiene mandato, sino funciones, tareas, porque en eso de garantizar la independencia y la soberanía y asegurar la integridad del espacio geográfico, es “esencialmente profesional” y está “al servicio exclusivo de la Nación” y sus “pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación”. Eso no se le pide ni puede pedírsele a los parlamentarios o a los magistrados. Más vertical que éstos, pero no tanto como el ámbito castrense, es el Ejecutivo, por eso tiene períodos y competencias limitados y es objeto de controles varios.

Todo funcionario público, mandatario o profesional, civil o militar, tiene un jefe que es el pueblo venezolano, titular de la soberanía y el marco de su relación laboral, su contrato de trabajo podríamos decir, es la Constitución.

A diferencia de los ciudadanos que somos libres de hacer todo aquello que no nos esté prohibido, los órganos del Poder Público solo pueden hacer aquello que la Constitución y las leyes les manda hacer o les faculta para hacer. Y más nada. Es decir que sus titulares no pueden hacer lo que les da la gana. La ley dice qué, cómo y en qué casos. Es el principio de legalidad, tan frecuentemente soslayado por los poderosos, sobre todo en sistemas subdesarrollados que puede alcahuetearlos con la impunidad.

El acta de proclamación no es título de propiedad. Al revés, obliga.

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